Antecedentes de Bulgaria

Entre 2012 y 2022, Bulgaria experimentó un sólido crecimiento del producto interior bruto del 42,49 %, muy por encima de la media de la UE del 15,29 %. De 2012 a 2022, el desempleo en Bélgica disminuyó 9 puntos porcentuales y se mantuvo por debajo de la media de la UE del 6,2 % en 2022. Aunque está disminuyendo, el desempleo juvenil (desempleo entre los menores de 25 años) se situó en el 10,7% en 2022, y sigue siendo superior a la tasa de desempleo total del 4,3%. Las tasas de empleo aumentaron en los 10 años considerados, pasando del 67% en 2012 al 73,6% en 2022. El empleo de las personas de 15 a 24 años cayó 7,4 puntos porcentuales entre 2012 y 2022.

Los principales retos a los que se enfrentaron la economía y el mercado laboral búlgaros entre 2012 y 2022 fueron la gestión de la pandemia y la inflación y la reducción de las desigualdades. A mediados de 2021, el clima de negocios estaba mejorando como resultado de la política gubernamental y las medidas implementadas para limitar los efectos del COVID-19. Sin embargo, en junio-diciembre de 2021, la economía búlgara se enfrentó a un aumento sustancial de los precios de la energía y a otra ola de COVID-19. La intensificación de la guerra en Ucrania aumentó la probabilidad de estanflación, ya que el aumento de los precios de la energía encareció y no fue competitivo la producción, mientras que los mercados externos se contrajeron. Por segundo año consecutivo, Bulgaria registró en 2021 una disminución del número de personas empleadas y un aumento del desempleo (Instituto de Investigación Económica, Academia Búlgara de Ciencias, 2022).

El Código del Trabajo (Кодекс на труда) regula las relaciones laborales entre empleados y empleadores, las relaciones laborales, la negociación colectiva y el control del cumplimiento de las normas laborales.

En 2022, las enmiendas al Código del Trabajo (implementadas a través de la Ley n.º 217 de 5 de agosto de 2022 por la que se modifica y complementa el Código del Trabajo) tenían como objetivo promover la seguridad y la previsibilidad de las relaciones laborales y mejorar las posibilidades de conciliar las obligaciones laborales y familiares, implementando la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y predecibles en la UE y la Directiva (UE) 2019/1158 sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los padres y cuidadores (KPMG Bulgaria, 2022).

La representación de los trabajadores y la negociación colectiva, así como los criterios para la representación nacional de los interlocutores sociales, están regulados por el Código del Trabajo. La Ley de solución de conflictos laborales colectivos se ocupa de la solución de conflictos entre empleados y empleadores sobre cuestiones relacionadas con el trabajo y la seguridad social y el nivel de vida. Las condiciones actuales para establecer la representación de los empleadores y los empleados a través de las organizaciones se establecen en una ordenanza (Decreto del Consejo de Ministros Nº 152, de 11 de julio de 2003).

La Inspección General del Trabajo tiene el control general sobre el cumplimiento de la legislación laboral en todos los sectores económicos. La inspección forma parte del Ministerio de Trabajo y Política Social. El funcionamiento del sistema nacional de inspección del trabajo está determinado por la Ley de Inspección del Trabajo (2009).

El sistema de relaciones laborales de Bulgaria está descentralizado y funciona a través de diversas estructuras tripartitas para el diálogo social nacional y sectorial y los órganos de negociación colectiva a nivel sectorial, industrial, empresarial y territorial (consejos de cooperación social en los municipios). La cooperación tripartita nacional se ha llevado a cabo en el Consejo Nacional de Cooperación Tripartita (CNT) desde 1993 y en el Consejo Económico y Social desde 2001, y también se lleva a cabo a través de varios órganos tripartitos de gobierno y supervisión dentro de la administración del empleo y la seguridad social. La cooperación tripartita industrial también se organiza a través de consejos (sub)industriales bajo el paraguas de los respectivos ministerios (en unos 50 consejos). Aunque la densidad sindical y el impacto de la negociación colectiva han disminuido desde la década de 1990, la cobertura de la negociación colectiva sigue siendo sustancial en varias industrias y empresas (Kirov, 2019). En junio de 2020 se firmó un acuerdo tripartito nacional, solo el cuarto de este tipo en los 30 años de transición. Abarca medidas en cinco ámbitos: el entorno empresarial y la economía; energía; el Pacto Verde Europeo; demografía, educación, mercado laboral y migración laboral; y políticas de protección social (Dimitrov, 2021).

Desde 2011, el diálogo social y las relaciones laborales en Bulgaria han funcionado en un clima político y económico complejo, y han continuado a pesar de que el gobierno no tiene en cuenta el tripartismo en la toma de decisiones de importancia nacional. Por ejemplo, ha habido tensiones entre empleadores, sindicatos y organismos públicos sobre el funcionamiento del NTCC en relación con los cambios legislativos relacionados con el trabajo, la reforma de las pensiones, los aumentos del salario mínimo legal y el plan de recuperación y resiliencia de Bulgaria.

En 2020-2021, los interlocutores sociales apoyaron activamente las medidas y el diálogo social en relación con la COVID-19 y la crisis de refugiados a causa de la guerra en Ucrania.

Para hacer frente a los múltiples desafíos planteados por la pandemia (Dimitrov, 2021), la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria (CITUB) y las tres organizaciones patronales –la Confederación de Empleadores e Industriales de Bulgaria (CEIBG), la Asociación Industrial Búlgara (BIA) y la Asociación Búlgara de Capital Industrial (BICA)– iniciaron la firma de memorandos bipartitos de los interlocutores sociales para la prevención de la COVID-19. Preservación de los puestos de trabajo y adaptación de las competencias de la mano de obra al mundo laboral digitalizado. Las industrias/sectores involucrados son la industria química, la minería, la metalurgia, la ingeniería mecánica y la industria eléctrica, la energía, el suministro de agua y alcantarillado, la construcción, los textiles y la confección, la industria alimentaria, la elaboración de cerveza, la agricultura y la cultura.

En 2020-2021, los interlocutores sociales participaron activamente en los debates con el Gobierno sobre el diseño de medidas económicas y sociales relacionadas con la COVID-19 y su sostenibilidad, y en relación con los dictámenes sobre las enmiendas legislativas y los proyectos de ley. Hubo tensión entre las organizaciones de empleadores y trabajadores durante las discusiones sobre la enmienda del Código del Trabajo relativa al promedio de tiempo, los arreglos de guardia y servicio y las horas extraordinarias, y el aumento del salario mínimo legal y las medidas socioeconómicas debido a la inflación. La versión final del plan nacional de recuperación y resiliencia también es objeto de tensiones entre los interlocutores sociales y el gobierno. Según CITUB (Atanasov, 2023), el plan contiene modificaciones sustanciales (por ejemplo, una reducción del 40% de las emisiones de energía para 2026) que no fueron objeto de debate con los interlocutores sociales ni de una consulta pública más amplia.