Acciones industriales y conflictos en Chipre

El derecho de huelga está garantizado por la Constitución de la República de Chipre. Concretamente, el párrafo 1 del artículo 27 dispone que:

se reconoce el derecho de huelga y su ejercicio puede ser regulado por la ley únicamente con el fin de salvaguardar la seguridad de la República o el orden constitucional o el orden público o la seguridad pública o el mantenimiento de suministros y servicios esenciales para la vida de los habitantes o la protección de los derechos y libertades garantizados por esta Constitución a cualquier persona

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 27, las personas pertenecientes a las fuerzas armadas, la policía y la gendarmería no tienen derecho a la huelga. Se podría aprobar una ley para extender esta prohibición a los empleados públicos. Sin embargo, nunca se ha promulgado una ley de este tipo.

La cuestión de la regulación de las huelgas y del procedimiento de solución de conflictos en los servicios esenciales ha permanecido pendiente durante varios años, y tres intentos de regular la cuestión mediante la legislación han dado lugar a un punto muerto. En marzo de 2004 se firmó finalmente un acuerdo tripartito sobre el procedimiento para resolver los conflictos laborales en los servicios esenciales. El acuerdo introduce un procedimiento de arbitraje en tales disputas, pero no excluye la acción industrial. En el marco del nuevo acuerdo, deben abolirse los Reglamentos de Defensa 79A y 79B, que se emitieron sobre la base de una orden de servicios esenciales existente. Tanto la Oficina Internacional del Trabajo como el Consejo de Europa han señalado que los artículos 79A y 79B no son compatibles con los tratados de estos órganos ratificados por la República de Chipre.

No hay ninguna referencia específica en la Constitución, ni en ninguna otra ley, al derecho a introducir un cierre patronal. En un estudio sobre el asunto realizado por el fiscal general, se concluyó que, de conformidad con la legislación vigente en Chipre, el cierre patronal, aunque no está reconocido por la Constitución, "es un derecho que tiene el empleador, siempre que se ejerza para salvaguardar o promover los intereses legítimos del empleador durante un conflicto laboral y sin cometer ningún acto o actividad penal o ilegal". Además, el IRC, en la parte II, sección B, párrafo 1 (d) (violaciones de los convenios colectivos), establece que "la parte agraviada puede recurrir a cualquier acción legal, incluida una huelga o un cierre patronal, en defensa de sus intereses".

Evolución de la acción industrial, 2012-2022

Fuente: DLR (sin fecha)

Mecanismos de resolución de conflictos colectivos y mecanismos individuales de resolución de conflictos

En el sistema actual de negociación colectiva, la coordinación gubernamental es bastante débil. El Estado interviene, como se establece en el IRC, a través del Servicio de Mediación del Ministerio de Trabajo cuando es difícil llegar a un acuerdo en la negociación bipartita directa entre las organizaciones de empleadores y los sindicatos.

Específicamente, el IRC consta de dos partes. En la primera parte, bajo el título «Disposiciones sustantivas», las dos partes participantes principales reconocen y garantizan determinados derechos fundamentales a la libre negociación colectiva, mientras que, en la segunda parte, titulada «Disposiciones procesales», el IRC prevé procedimientos separados que deben seguirse para la resolución de conflictos sobre intereses y para la resolución de agravios o conflictos sobre derechos. Como informó el Ministerio de Trabajo, dada la naturaleza compleja de los acuerdos, muchos conflictos laborales surgen de la interpretación de los acuerdos (conflictos sobre quejas), lo que da lugar a un flujo constante de conflictos laborales.

Durante la última década, el MLSI ha desempeñado un papel importante en el mantenimiento de la paz laboral al proporcionar servicios de mediación para la renovación de convenios colectivos. En este contexto, cabe mencionar que, durante el mismo período, se celebraron cada vez menos convenios colectivos sectoriales en la etapa de negociación directa, lo que provocó graves retrasos en la renovación de los convenios. En concreto, según los datos oficiales facilitados por el DLR de la MLSI para 2017, 150 conflictos laborales fueron remitidos a mediación, con un total de 14.144 empleados, frente a los 177 conflictos laborales de 2016, con un total de 61.693 empleados.

Uso de mecanismos de resolución de disputas, 2012-2022

Fuente: DLR (sin fecha)