Antecedentes de Estonia

Entre 2012 y 2022, el PIB de Estonia aumentó sustancialmente, un 31,9%, muy por encima de la media de la UE para el mismo período (15,29%). Durante este tiempo, el desempleo total disminuyó del 9,9% al 5,6% (una caída de 4,3 puntos porcentuales). La mayor disminución fue en el desempleo de los hombres (4,8 puntos porcentuales). Las cifras de empleo para todas las categorías aumentaron entre 2012 y 2022, y mostraron una mejora notable en comparación con la media de la UE: la tasa de empleo juvenil aumentó solo 0,6 puntos porcentuales en la EU-27, mientras que aumentó 3,8 puntos porcentuales en Estonia. Sin embargo, mientras que todas las cifras de empleo aumentaron constantemente hasta 2018, en 2019 se produjo un ligero descenso de estas cifras (excepto en el caso de las mujeres). En 2020, el PIB disminuyó un 3,2 % en comparación con 2019, menos que el descenso del 6,2 % en la UE-27.

La Ley de contratos de trabajo (Töölepinguseadus) regula las relaciones laborales en el sector privado, y la Ley de la administración pública (Avaliku teenistuse seadus) rige el sector público. En 2009, se implementó la nueva Ley de Contratos de Trabajo, y en 2013 entró en vigor la nueva Ley de Servicio Civil. Desde 2014, todas las formas de empleo (remunerado o voluntario) deben inscribirse en el registro de empleo.

Las relaciones laborales están reguladas por la Ley de Sindicatos (Ametiühingute seadus), la Ley de Fideicomisarios de los Empleados (Töötajate usaldusisiku seadus), la Ley de Resolución de Conflictos Laborales Colectivos (Kollektiivse töötüli lahendamise seadus) y la Ley de Convenios Colectivos (Kollektiivlepingu seadus).

El actual sistema de relaciones laborales en Estonia se desarrolló a principios de la década de 1990. Aunque mucho ha cambiado a lo largo de las décadas, solo se han realizado unas pocas enmiendas a la legislación sobre negociación colectiva y resolución de conflictos colectivos. Por ejemplo, desde 2007, Estonia ha tenido un doble canal de representación de los empleados: los empleados pueden estar representados por un sindicato y/o un administrador de empleados.

En Estonia, la negociación colectiva siempre ha estado descentralizada, ya que se lleva a cabo principalmente a nivel de empresa. A nivel sectorial, los convenios colectivos sólo existen en dos sectores: el transporte y la sanidad. A nivel nacional, los salarios mínimos suelen negociarse anualmente entre la Confederación de Sindicatos de Estonia (Eesti Ametiühingute Keskliit, EAKL) y la Confederación de Empleadores de Estonia (Eesti Tööandjate Keskliit, ETKL). En 2017 se acordó que para 2019-2022 el aumento del salario mínimo nacional se calcularía anualmente en función de la productividad laboral y el crecimiento económico. El salario mínimo de los trabajadores de la cultura se negocia anualmente entre la Confederación de Sindicatos de Empleados de Estonia (Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon, TALO) y el Ministerio de Cultura (Kultuuriministeerium). Cubre a todos los empleados culturales con educación superior que trabajan en autoridades públicas, fundaciones privadas estatales y agencias de derecho público en un puesto de su especialidad que requiere educación superior, pero también se recomienda para el campo cultural del sector privado.

Hoy en día, el nivel de afiliación sindical en Estonia es uno de los más bajos de la UE.

El diálogo social en general funciona en Estonia (por ejemplo, los interlocutores sociales participan en la elaboración de políticas y son miembros de los órganos de supervisión de las principales organizaciones relacionadas con la vida laboral). Aunque hay ocasiones en las que los interlocutores sociales no están plenamente satisfechos con su nivel de compromiso con el gobierno o con la medida en que se tienen en cuenta sus propuestas, en general su participación es generalmente buena y su voz es escuchada.

En 2018, tras una invitación del primer ministro, los interlocutores sociales a nivel nacional y el gobierno restablecieron el diálogo social tripartito reuniéndose para debatir temas relacionados con la política laboral, fiscal y social. Una reunión similar tuvo lugar en 2020. Estas reuniones han cumplido bien su propósito, pero también se han establecido reuniones periódicas con el Ministro de Asuntos Sociales.

COVID-19 no tuvo un impacto sustancial en las relaciones laborales. Continuaron celebrándose reuniones y se llevaron a cabo negociaciones programadas. El diálogo social fue fuerte durante la pandemia: en cooperación con los interlocutores sociales, se desarrollaron algunas de las medidas de mitigación de crisis más importantes (es decir, subsidios salariales temporales, una reducción de las propias contribuciones de los empleados a las prestaciones por enfermedad), que demostraron ser exitosas y mostraron la voluntad de los interlocutores sociales de cooperar y comprometerse, y la importancia del diálogo social.