Antecedentes de Rumanía

Entre 2012 y 2022, se produjo un aumento sustancial del producto interior bruto (un 48,02 %) en Rumanía, mientras que el aumento medio de la UE-27 fue mucho menor (15,29 %). Durante este tiempo, las tasas de desempleo para todas las categorías disminuyeron ligeramente. La tasa de desempleo total en 2022 fue del 5,6%, por debajo de la media de la UE del 6,2%. La tasa de empleo global aumentó 9,2 puntos porcentuales durante este periodo, alcanzando el 66,8% en 2022. La tasa de crecimiento más alta se registró en el empleo masculino (9,5 puntos porcentuales), 0,8 puntos porcentuales más que en el empleo femenino (8,7 puntos porcentuales).

La principal ley en el ámbito de la legislación laboral es el Código del Trabajo (Ley Nº 53/2005), modificado en 2011 para aumentar la flexibilidad en las relaciones laborales.

Desde 2011, el Código del Trabajo ha sido modificado varias veces. En agosto de 2017, en un intento por combatir el trabajo no declarado, el gobierno modificó el Código del Trabajo para incluir definiciones de situaciones laborales que se considerarán trabajo no declarado. De acuerdo con las nuevas disposiciones, el trabajo no declarado ahora cubre lo siguiente: emplear a una persona sin presentar un informe de empleo al registro general de empleados a más tardar el día anterior al inicio de la actividad; emplear a una persona sin haber celebrado un contrato de trabajo por escrito a más tardar un día antes del inicio de la actividad; emplear a una persona cuando se suspende su contrato de trabajo individual; emplear a una persona para que trabaje más horas que las estipuladas por un contrato de trabajo a tiempo parcial. El trabajo de un empleado fuera del horario de trabajo establecido en un contrato individual de trabajo a tiempo parcial ha dejado de ser sancionado por el mero incumplimiento de las disposiciones sobre horas extraordinarias (anteriormente, la sanción era una multa de 1.500 a 3.000 RON (301 a 603 euros; todas las conversiones de divisas en este perfil son válidas a partir del 12 de agosto de 2024). En cambio, se clasifica como trabajo no declarado (sancionado con una multa de 10.000 RON (2.010 euros)).

Desde agosto de 2017, cada empleador está obligado a conservar copias de los contratos individuales de trabajo de los empleados en su lugar de trabajo. La multa civil por incumplimiento de esta disposición legal es de 10.000 RON (2.010 euros).

La Ley de Diálogo Social (Ley n.º 62/2011), que había sido duramente criticada por los sindicatos desde su adopción en 2011 por debilitar el diálogo social, fue modificada y sustituida por una nueva ley, aprobada en diciembre de 2022. La nueva Ley de Diálogo Social (Ley n.º 367/2022) refuerza los poderes de los sindicatos, cambia los criterios de representatividad de los sindicatos, introduce nuevas disposiciones para la negociación colectiva con el fin de aumentar la cobertura tanto a nivel de empresa como sectorial y relaja las condiciones para las acciones industriales y las huelgas.

La Ley Nº 367/2022, que establece que el salario digno (canasta mínima mensual de consumo para una vida digna) es el principal criterio para fijar el salario mínimo, entró en vigor en agosto de 2020. La adenda a la ley proporciona una estructura de categorías para el gasto mensual de los hogares. Sin embargo, el gobierno no aplicó la ley al establecer el salario mínimo para 2022, a pesar de enfrentar críticas de los sindicatos.

El diálogo social en Rumanía no se hizo efectivo hasta la transición del país a la democracia en 1989. Antes de 1989, aunque los sindicatos estaban legalmente permitidos, en la práctica funcionaban como una extensión del Partido Comunista Rumano y del Estado. Después de 1989, la privatización de las empresas estatales puso en peligro los puestos de trabajo de miles de trabajadores, lo que dio lugar a un tipo de relaciones laborales bastante conflictivas. A pesar de la oposición de los sindicatos al proceso de privatización, no lo obstruyeron. La reestructuración y la privatización llevaron a una disminución masiva de la afiliación sindical. Una vez finalizado el período de transición y el proceso de desindustrialización, las relaciones laborales se orientaron más hacia el consenso. La negociación colectiva estaba legalmente permitida en todos los niveles: nacional, sectorial y de empresa. Los sindicatos nacionales y sectoriales tienen una capacidad de negociación más fuerte que los sindicatos a nivel de empresa, que a menudo carecen de los conocimientos técnicos y los recursos humanos necesarios. Estas circunstancias llevaron a una situación en la que los convenios colectivos nacionales y sectoriales fueron decisivos para la negociación de los salarios a nivel de empresa.

En 2011, se modificó la legislación sobre diálogo social, lo que dio lugar a una nueva ley (Ley núm. 62/2011) que abolió la negociación colectiva nacional e hizo casi imposible la negociación sectorial. La abolición de la negociación colectiva a nivel nacional en 2011 significó que aproximadamente 1,2 millones de empleados, que trabajaban en 450.000 empresas con menos de 21 empleados, no estaban cubiertos, porque para estas empresas la negociación colectiva no era obligatoria por ley. La negociación colectiva a nivel de empresa se volvió más importante en este contexto, pero los sindicatos a nivel de empresa aún luchaban debido a la falta de experiencia adecuada y los estrictos criterios de representatividad impuestos por la ley. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, en 2021 se celebraron 4.397 convenios colectivos y entre enero y octubre de 2022 se celebraron 5.344. Se espera que la nueva Ley de Diálogo Social, adoptada en diciembre de 2022, aumente la cobertura de la negociación colectiva tanto a nivel de empresa como sectorial.