Antecedentes de España

El desempleo masculino disminuyó 13,3 puntos porcentuales de 2012 a 2022. El desempleo juvenil siguió siendo elevado, del 29,8 %, en 2022, frente a la media de la UE del 14,5 % del mismo año. La tasa de empleo total en 2022 fue del 74 %, cerca del nivel de la EU-27 (74,5 %). Las cifras de empleo juvenil disminuyeron entre 2012 y 2022 (6,3 puntos porcentuales) y se situaron en el 32,7 % en 2022, frente a la media de la UE del 40,7 % en el mismo año. La pandemia fue la que más influyó en el desempleo juvenil. En 2021 aumentó 5,8 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Tras el impacto inicial de la pandemia, en 2021 el producto interior bruto español creció un 5%, su mayor aumento desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística. El aumento de la actividad económica fue impulsado por la recuperación del sector servicios, que impulsó las tasas de empleo a niveles previos a la pandemia. Sin embargo, los últimos indicadores económicos y de empleo muestran signos de desaceleración, particularmente en los sectores manufacturero y agrícola. La evolución más destacable del mercado laboral en 2022 ha sido el fuerte descenso de la temporalidad del 27,7% en el último trimestre del año respecto al mismo periodo de 2021, y el aumento de los empleados con contrato indefinido cercano al 13%. Esta tendencia se explica por la entrada en vigor de la reforma del mercado laboral de 2021, que restringió claramente el uso de contratos de duración determinada a circunstancias específicas y endureció las sanciones por el uso fraudulento de contratos temporales.

El principal código laboral para los empleados privados es el Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980). El estatuto también regula las cuestiones de negociación colectiva (mecanismos que rigen la coordinación entre los diferentes niveles de fijación de salarios colectivos, cláusulas y condiciones de exclusión, etc.). Ha sido modificado por diferentes reales decretos y leyes. La última ley que modificó elementos importantes del estatuto fue la Ley 3/2012, de 6 de julio.

El principal código laboral para los empleados públicos es el Estatuto Básico de los Trabajadores Públicos (Ley 7/2007).

La regulación y representatividad sindical se regula a través de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley 11/1985).

El principal cambio en el marco jurídico de las relaciones laborales en 2022 fue la puesta en marcha de la Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado laboral. El nuevo Reglamento fue acordado por los interlocutores sociales antes de que se consagrara en la legislación. La reforma indujo importantes modificaciones legales en tres dimensiones diferentes. En primer lugar, la ley restringió la contratación temporal a circunstancias en las que se necesitan trabajadores adicionales para la producción o en las que los trabajadores deben ser reemplazados. En segundo lugar, la ley restableció el principio de ultraactividad en los convenios colectivos junto con la prevalencia de la negociación colectiva sectorial sobre cuestiones salariales sobre los convenios a nivel de empresa. Estas medidas suponen la reversión de los cambios más controvertidos adoptados en la reforma del mercado laboral de 2012. En tercer lugar, la ley ha introducido un nuevo mecanismo que permite la flexibilidad interna de las empresas a través de regímenes de reducción del tiempo de trabajo durante las crisis o las reestructuraciones.

Las relaciones laborales en España durante la década de 1980 se vieron afectadas por la transición política de una dictadura a una democracia, así como por un proceso de modernización industrial y económica implementado para preparar al país para su integración en la Comunidad Europea. Durante los primeros años del período de transición (1978-1982), los sindicatos aceptaron la moderación salarial a cambio del reconocimiento institucional y el desarrollo de los derechos sociales y laborales. Además, favorecieron cierta coordinación y centralización de la negociación colectiva. La estructura de negociación colectiva consolidada en esos años sigue presente hoy en día y se caracteriza por la negociación multinivel, con negociaciones a nivel sectorial, provincial y de empresa.

De 1986 a 1997, un período de crisis en la "concertación social" debilitó la negociación colectiva. Los problemas más importantes en este momento fueron la falta de coordinación y la escasa renovación de las rondas de negociación colectiva.

Después de 1997, el diálogo social se revitalizó durante un período de crecimiento económico y del empleo. Así, de 1997 a 2008 se alcanzaron diversos acuerdos tripartitos. Además, los interlocutores sociales comenzaron a celebrar acuerdos intersectoriales bipartitos anuales sobre negociación colectiva. Estos convenios juegan un papel importante en la coordinación de la negociación colectiva en España. La crisis económica iniciada en 2008 ha afectado fuertemente al contexto de las relaciones laborales. El sistema español capeó relativamente bien el impacto de la crisis económica en los primeros años, pero la situación cambió drásticamente después de 2011, cuando el gobierno promulgó dos importantes reformas sobre las normas de negociación colectiva. Ambas reformas parecían aceptar un diagnóstico común formulado por diferentes instituciones de la UE y españolas, que acusaban a la negociación colectiva española de ser demasiado rígida, impidiendo así a las empresas modificar los acuerdos de trabajo para adaptarse a los shocks. La última reforma, aprobada en 2012, ha afectado a algunas de las dimensiones más importantes del sistema de negociación colectiva español (ultraactividad, predominio de los convenios de empresa, etc.). Varios estudios han demostrado cómo las reformas del mercado laboral han contribuido al proceso de devaluación interna y a la disminución de los salarios reales, que aún no han vuelto a los niveles anteriores a la crisis. Durante la crisis y la aplicación de las políticas de austeridad, el diálogo social se rompió. Solo comenzó a recuperarse en 2016. El papel del diálogo social se ha revitalizado, especialmente desde 2018, con la firma de acuerdos tripartitos y pactos bipartitos destinados a revertir algunos de los efectos negativos de la crisis económica, y cobró impulso en 2019.

La intensidad del impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía y el mercado laboral de España requirió que el gobierno y los interlocutores sociales trabajaran estrechamente para mitigar los efectos en el primer año. Como resultado, el diálogo social ha desempeñado un papel central en la decisión de los instrumentos clave para reducir el efecto negativo en el mercado laboral y las relaciones laborales, pero también para regular aspectos importantes de la vida laboral, como el teletrabajo. Entre todas las medidas políticas negociadas y aplicadas, la ampliación de las condiciones para los despidos temporales y los planes de reducción de trabajo acordados en las primeras etapas de la crisis merecen especial atención. La experiencia acumulada durante la pandemia incluye el desarrollo de nuevas medidas políticas destinadas a minimizar los riesgos de futuras crisis en el mercado laboral.