Pico de precios de la energía: las respuestas políticas de Europa a la crisis del coste de la vida

La interrupción en el suministro de petróleo y gas tras el cierre del Estrecho de Ormuz ha incrementado rápidamente las presiones inflacionarias, socavado la seguridad energética y intensificado la crisis del coste de la vida. El aumento de las facturas energéticas junto con el aumento de los precios del transporte y los alimentos ha reducido significativamente el ingreso disponible de los hogares, mientras que el riesgo de pobreza energética ha crecido especialmente para los hogares de bajos ingresos y los grupos vulnerables. Para las empresas, especialmente aquellas en industrias intensivas en energía, el aumento repentino de los costes operativos amenaza su competitividad y, en casos extremos, su viabilidad industrial. Los gobiernos de la UE están apoyando a hogares y empresas durante esta crisis con medidas que van desde el apoyo financiero inmediato a los hogares vulnerables hasta cambios estratégicos a largo plazo destinados a reforzar la seguridad energética y acelerar la transición hacia fuentes de energía alternativas. Eurofound ha registrado estas intervenciones en su base de datos PolicyWatch de la UE ; este artículo ofrece un resumen, para ofrecer a los responsables políticos europeos y nacionales una visión general del panorama político actual.

Para apoyar el seguimiento y análisis de las respuestas legislativas y políticas al aumento del coste de la vida, EU PolicyWatch fue actualizado entre abril y junio de 2026 por los corresponsales nacionales de Eurofound de cada uno de los 27 Estados miembros y de Noruega. Identificaron más de 125 medidas distintas, que hemos categorizado en cuatro agrupaciones temáticas: intervenciones sectoriales, gestión de la demanda, cambios estructurales en la oferta e iniciativas de diálogo social y negociación colectiva (Tabla 1). Muchos se ubican en más de una categoría; Nuestra categorización refleja la intención principal de la política. Los lectores de este artículo también pueden consultar la base de datos, que se actualiza regularmente.

Una parte sustancial de las medidas se dirige a sectores específicos que se ven desproporcionadamente afectados por la volatilidad de los precios de la energía. Tales medidas se han notificado en todos los Estados miembros y en Noruega. No es de extrañar que las medidas dirigidas al sector energético hayan sido de las más frecuentemente reportadas. Se han lanzado iniciativas destinadas a proteger a los consumidores de picos extremos de precios, que incluyen límites a los precios de la electricidad, vales energéticos y créditos, en Bélgica, Francia y Hungría. También se han implementado medidas más específicas y específicas, por ejemplo, tarifas más bajas sobre electricidad y gas para hogares de bajos ingresos en Austria y España. Las subvenciones directas a los proveedores de energía se están utilizando en muchos países (por ejemplo, Croacia, Alemania y Eslovenia) para mantener tarifas estables tanto para consumidores residenciales como industriales. Portugal, por su parte, estableció el esquema de crédito Energy Resilience Facility para las empresas afectadas por el fuerte aumento de los costes energéticos.

Dada su fuerte dependencia de los combustibles fósiles, el sector del transporte ha recibido especial atención, con varios países reduciendo el impuesto especial sobre el combustible (por ejemplo, Chipre, Chequia, Letonia, Irlanda, Rumanía, Polonia y Suecia) o cancelando aumentos previstos (como ocurrió en Estonia) o limitando los precios de las bombas en el patio de antelación (como Chequia, Francia y Rumanía, entre otras, lo han hecho). Croacia introdujo moratorias temporales en los pagos de préstamos para pequeños minoristas en el comercio de productos petrolíferos. Otros Estados miembros han proporcionado subvenciones directas a transportistas por carretera y operadores de transporte público para evitar recortes de servicios o aumentos de tarifas que se trasladen a los pasajeros (Bulgaria y Grecia, entre otros). En varios países, se han reducido las tarifas del transporte público a nivel nacional, regional o local (Lituania, Rumanía y Suecia) o se han introducido programas de viaje gratuito (Dinamarca), en parte para apoyar los presupuestos familiares y en parte para fomentar un cambio alejándose del uso del coche privado. 

El aumento de los costes de fertilizantes y combustibles ha ejercido una enorme presión sobre los sectores agrícola y de producción alimentaria. Las respuestas políticas incluyen ayuda financiera directa a los agricultores para compensar el aumento de los costes de insumos (Chipre, Grecia, Italia y Países Bajos), así como líneas de crédito de emergencia para el sector agroalimentario con el fin de estabilizar las cadenas de suministro alimentario (por ejemplo, en Austria y Suecia), para evitar una mayor inflación de alimentos. Varias otras industrias intensivas en energía (incluyendo acero, productos químicos y cerámicos), así como pequeñas y medianas empresas, han sido objetivo de esquemas de compensación o han recibido alivio temporal de ciertos gravámenes energéticos para preservar la competitividad y el empleo.

El segundo grupo de medidas está diseñado para reducir el consumo total de energía, tanto para aliviar la presión sobre los precios como para apoyar los objetivos climáticos. Entre ellas se incluyen subvenciones para la renovación de edificios, como el Fondo Nacional de Calor de los Países Bajos, y el apoyo a la eficiencia energética en viviendas, destinadas a mejorar el aislamiento y reducir los costes de calefacción. Otro ejemplo holandés, originalmente previsto para 2027 pero adelantado a 2026, pretende incentivar a los hogares de ingresos bajos y medios a cambiar sus vehículos de gasolina y diésel por coches eléctricos de segunda mano. La medida pretende explícitamente evitar una crítica dirigida a las subvenciones neerlandesas anteriores a vehículos eléctricos, suspendidas en enero de 2025, según las cuales las ventajas fiscales para vehículos eléctricos beneficiaron de forma desproporcionada a los grupos de mayores ingresos y a los conductores de coches de empresa. Una medida similar se reintrodujo en Alemania en mayo de 2026, habiendo sido descontinuada en 2023.

España ha reducido el plazo para que las organizaciones aprueben planes de movilidad sostenible al trabajo de 24 a 12 meses. El objetivo de estos planes, exigidos para empresas y entidades públicas con más de 200 trabajadores, o más de 100 trabajadores por turno, es reducir el consumo energético relacionado con los desplazamientos promoviendo la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad compartida, la infraestructura de tarifación cero emisiones y, cuando sea posible, la introducción del teletrabajo.

En Dinamarca, no se apoyó una propuesta para reducir los costes de transporte de los hogares mediante la reducción de los impuestos sobre el combustible y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre la gasolina y el gasóleo hasta los niveles mínimos permitidos por la legislación de la UE. Se sustituyó por un aumento temporal de la deducción fiscal por desplazamientos para fomentar el uso del transporte público en lugar de vehículos personales.

Una tercera categoría de medidas aborda las causas raíz de la dependencia energética y la volatilidad de precios. Se trata de intervenciones estratégicas a largo plazo destinadas a diversificar la mezcla energética y mejorar la autonomía de los Estados miembros. Un ejemplo son los esfuerzos de Malta por garantizar su seguridad energética alejándose de su enfoque tradicional de utilizar un mecanismo de cobertura a largo plazo durante periodos de alta volatilidad en el mercado energético global. Su nueva estrategia es una de diversificación energética complementada por el Renewable Energy Sources Scheme, que apoya la compra de sistemas fotovoltaicos y fue renovado en abril de 2026.

En Noruega, las discusiones sobre la preparación del combustible precedieron a la crisis actual. Dado que el país es un exportador neto significativo de petróleo, no tiene obligación de almacenamiento bajo las regulaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En consecuencia, las reservas nacionales de combustible de Noruega tienen capacidad suficiente para durar 20 días, mientras que países como Suecia y Finlandia mantienen reservas durante 90 días. Durante la revisión del presupuesto nacional en mayo de 2026, se presentó una propuesta para abordar la limitada capacidad de almacenamiento de combustible. Tanto empleadores como representantes sindicales acogieron la propuesta, dada la necesidad de prepararse para graves interrupciones en el suministro de alimentos y combustible y la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones.

El gobierno de Dinamarca ha propuesto un plan de emergencia para priorizar el acceso a la red eléctrica frente a los centros de datos, con el fin de hacer frente a las crecientes limitaciones de capacidad en la red eléctrica danesa. Si se aprueba la medida, el principio actual de orden de llegada sería reemplazado por un sistema que permita a los operadores de redes energéticas priorizar las conexiones según las necesidades sociales.

Finlandia, en particular, ha decidido no introducir un paquete de apoyo en respuesta al choque energético de 2026. Una medida así habría sido similar a las medidas temporales introducidas en 2023 para aumentar el poder adquisitivo de la población ante el aumento de los precios de los bienes de consumo. Según el gobierno del país, la exposición de Finlandia al shock de 2026 se ha visto amortiguada en comparación con la mayoría de los Estados miembros por su alta cuota de generación eléctrica sin emisiones.

En muchos Estados miembros, se ha consultado a los interlocutores sociales durante el diseño de paquetes de ayuda energética. En contraste con el proceso de diseño de respuestas para amortiguar el impacto de la inflación en 2022, los interlocutores sociales han estado directamente implicados o implicados como parte de la consulta tripartita en más de un tercio de las medidas registradas en 2026. Varios casos son ejemplos claros de cómo se han utilizado los convenios colectivos para abordar el coste de la vida. En Luxemburgo, el acuerdo tripartito del Paquete de Resiliencia 2026 consta de 20 medidas negociadas y acordadas entre el gobierno y los representantes de trabajadores y empresas para abordar los efectos negativos de la crisis energética y económica marcada por un aumento persistente de los precios de la electricidad desde 2022. Ya en marzo, organizaciones de socios sociales en varios países pedían acciones para mitigar los efectos negativos del fuerte aumento de los precios de la energía y los combustibles, mientras que en Estonia y Dinamarca las organizaciones empresariales propusieron planes de acción concretos.

Aunque las opiniones de los interlocutores sociales recogidas en la base de datos son mixtas, algunos expresaron opiniones positivas, principalmente sobre subvenciones para costes de transporte y energía y medidas de eficiencia de la vivienda, así como para medidas dirigidas a hogares de bajos ingresos y pequeñas empresas (por ejemplo, en Austria, Croacia, Francia, España y Suecia). También apoyaron políticas estratégicas con visión de futuro (por ejemplo, en Malta y Portugal). Sin embargo, también han sido fundamentales, especialmente en relación con medidas generales para aliviar los costes energéticos, argumentando que deberían dirigirse a quienes tienen ingresos bajos (Países Bajos y Polonia, entre otros) o adoptar un enfoque a más largo plazo en lugar de improvisado (como ocurrió en Alemania y Grecia, por ejemplo).

La mayoría de las medidas registradas ya se han implementado y están en vigor, reflejando la urgencia con la que los gobiernos nacionales, regionales y locales han respondido al choque de precios de la energía. Un número menor ha sido registrado como propuesta —como reducciones del IVA sobre los alimentos en Dinamarca y la estabilización de los aumentos diarios del precio del combustible en Lituania— y están a la espera de aprobación parlamentaria, asignación presupuestaria o una mayor consulta con los interlocutores sociales.

Muchas medidas de apoyo financiero, incluidos vales energéticos, topes arancelarios y reducciones de impuestos especiales, se han introducido de forma temporal, normalmente durante un periodo de 3 a 12 meses, con varios gobiernos incorporando cláusulas de revisión relacionadas con la evolución de los precios mayoristas de la energía. En cambio, las medidas relacionadas con la inversión en energías renovables, la renovación de edificios y la eficiencia energética tienden a ser de carácter indefinido o plurianual, reflejando su carácter estructural más que de emergencia. Este patrón sugiere una lógica ampliamente coherente entre los Estados miembros, en la que el alivio inmediato de precios se trata como un puente temporal, mientras que la inversión en diversificación y eficiencia energética se aborda como un compromiso a largo plazo y abierto.

La crisis del coste de la vida provocada por el cierre del Estrecho de Ormuz ha exigido la adopción de medidas urgentes y específicas de ayuda para apoyar el poder adquisitivo de los ciudadanos y ayudar a las empresas a mantenerse a flote. Estas medidas se han complementado con varias medidas estratégicas a largo plazo destinadas a apoyar las economías de los Estados miembros más allá de la actual presión sobre el suministro de combustibles fósiles.

En comparación con las políticas adoptadas tras la invasión rusa de Ucrania, en el equilibrio entre medidas de ayuda a corto plazo y políticas estratégicas a largo plazo, estas últimas parecen haber ganado importancia, ya que vemos un poco más de casos de reformas estructurales e inversiones.

En tiempos de crisis, el diálogo social puede proporcionar una herramienta para involucrar a los interlocutores sociales en el desarrollo de políticas más allá de un mero requisito procedimental. Puede ser una herramienta vital para garantizar la legitimidad social de las respuestas políticas que gestionen de manera eficiente el impacto de la inflación en los salarios, la productividad y la resiliencia.

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