Quién se beneficia de la IA depende de cómo se gobierne

El bombo y las narrativas a menudo polarizadas que rodean a la inteligencia artificial (IA) pueden dificultar entender lo que realmente está ocurriendo. En medio de todo el ruido, es fácil pasar por alto las instituciones y decisiones políticas que influyen en cómo se desarrolla el cambio tecnológico y quién se beneficia de él.

Un reciente artículo de investigación de Eurofound, IA, gestión algorítmica y la transformación de la sociedad, el trabajo y el empleo – Explorando los conceptos, sitúa a las instituciones en el centro de su marco de investigación para entender la IA, destacando cómo las reglas y sistemas que organizan la vida económica y social moldean el cambio tecnológico.

El panorama institucional en torno a la IA está en evolución. A medida que las empresas de IA desarrollan tecnologías cada vez más potentes, también toman decisiones sobre cómo deben evaluarse esas tecnologías, qué riesgos son aceptables y cuándo deben implementarse los sistemas. Al mismo tiempo, los gobiernos se implican cada vez más, buscando evaluar, limitar y moldear el desarrollo y uso de la IA de frontera.

La relación emergente entre empresas y gobiernos plantea preguntas importantes sobre quién está moldeando la trayectoria de la IA y sobre qué base. Los desarrollos recientes que involucran a Anthropic y al gobierno de Estados Unidos ofrecen un ejemplo útil.

No hace mucho, Anthropic, la empresa detrás de Claude, advirtió sobre los riesgos de que la IA se mejore a sí mismaopens in new tab, llegando incluso a sugerir que el desarrollo de IA en la frontera podría necesitar frenarse. Sin embargo, poco después lanzó su modelo más potente hasta la fecha. Y la historia no terminó ahí. El acceso a algunos de sus modelos fue restringido posteriormente tras una orden del gobierno estadounidense por supuestas preocupaciones de seguridad, en medio de disputas más amplias sobre las condiciones y salvaguardas que rigen el uso de la IA avanzada.

Anthropic no está sola en decidir por sí misma cómo deben gestionarse los riesgos de su tecnología. OpenAI, por ejemplo, pausó recientemente el trabajo en un modelo experimental tras demostrar capacidades avanzadas de hacking autónomo en el ahora infame incidente OpenAI–Hugging Face.

Al mismo tiempo, los gobiernos están involucrándose cada vez más directamente en estas decisiones. En junio de 2026, la administración Trump emitió una orden ejecutiva estableciendo un marco para la evaluación gubernamental de modelos avanzados de IA, incluidas sus capacidades de ciberseguridad.

Estos desarrollos complican la conocida oposición entre regulación e innovación. Las empresas de IA toman cada vez más decisiones sobre los riesgos que suponen sus tecnologías y las condiciones bajo las cuales deben desarrollarse e implementarse, mientras que los gobiernos buscan un papel más directo en la evaluación y la toma de decisiones al día.

Esto debería servir como llamada de atención para que los responsables políticos europeos se aseguren de tener voz en cómo se gobierna la IA, en lugar de dejar esas decisiones a empresas y gobiernos fuera del control europeo.

A medida que las fronteras entre desarrollo tecnológico y gobernanza se están difuminando cada vez más, debemos determinar quién moldea las reglas y prioridades de la IA, quién controla el acceso a ella y quién decide cómo se utiliza. La historia demuestra que las instituciones tienen un papel importante en la forma en que las sociedades responden a un cambio tecnológico profundo.

El enfoque de Eurofound en la investigación en IA se basa en el trabajo de la economista Carlota Perez al tratar las revoluciones tecnológicas no solo como olas de innovación, sino como profundas transformaciones económicas y sociales. Con el tiempo, dan lugar a nuevos paradigmas tecnoeconómicos y socioinstitucionales. Estas transiciones rara vez son suaves o indoloras; su éxito a largo plazo depende de la capacidad de las instituciones para adaptarse y crear las condiciones para que las nuevas tecnologías se difundan por la economía y la sociedad.

Aunque el ritmo del desarrollo de la IA parece sin precedentes, la historia aún puede ayudarnos a entender lo que está ocurriendo hoy y recordarnos el papel decisivo de las instituciones. La Revolución Industrial, que comenzó en Europa, trajo un progreso tecnológico extraordinario pero también una profunda disrupción social. A pesar del rápido crecimiento de la productividad, los beneficios de la industrialización temprana tardaron en llegar a los trabajadores comunes, con salarios reales rezagados respecto al crecimiento de la productividad durante varias décadas.

La prosperidad compartida no surgió solo de nuevas máquinas; surgió a medida que las sociedades construyeron las instituciones necesarias para canalizar el cambio tecnológico hacia el progreso social. Las leyes laborales, los sistemas de educación pública, la seguridad social y el diálogo social no surgieron a pesar de la industrialización, sino gracias a ella. La era de la IA puede requerir un esfuerzo similar. Pero, ¿qué debería buscar lograr ese esfuerzo?

La discusión sobre el papel de las instituciones plantea quizás la pregunta más importante de todas: a medida que la IA se desarrolla a una velocidad extraordinaria, ¿serán nuestras instituciones capaces de orientar el cambio tecnológico hacia un progreso social más amplio?

O quizá deberíamos plantearnos primero una pregunta más fundamental: ¿qué tipo de sociedad queremos que la IA ayude a crear y qué tipo de instituciones se necesitan para que eso sea posible?

Responder a estas preguntas significa tomar decisiones colectivas que no pueden dejarse solo en manos de las empresas tecnológicas o de las fuerzas del mercado. Las apuestas difícilmente podrían ser mayores. Las implicaciones de la IA van mucho más allá de la tecnología en sí, tocando la seguridad, la democracia, la cohesión social y el futuro del trabajo.

Si las instituciones moldean las trayectorias tecnológicas, entonces el reto no es simplemente regular las nuevas tecnologías. Se trata de asegurar que la innovación se guíe hacia objetivos sociales ampliamente compartidos y que las ganancias de productividad se traduzcan en mejores empleos y condiciones de vida.